MONSANTO AMENAZA MALVINAS ARGENTINAS: SEMILLAS ENVENENADAS Y PÉRDIDA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

Por
Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo

Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba

Presidente de FUNAM y Premio Nóbel Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia)

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En 1956 la empresa estadounidense Monsanto ingresó a la Argentina como productora de plásticos y en 1978 empezó sus actividades de acondicionamiento de semillas híbridas de maíz en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Actualmente posee en nuestro país 5 plantas: dos procesadoras de semillas (Planta María Eugenia en Rojas, Planta Pergamino); una productora de herbicidas (Planta Zárate) y dos estaciones experimentales (Camet, Fontezuela) [1]. Ahora pretende instalar una tercera fábrica en la provincia de Córdoba y dos nuevas estaciones experimentales [2][3].

La sede central de Monsanto está en el barrio de Creve Coeur en Saint Louis, en el estado de Missouri (Estados Unidos). Fundada por John Francis Queen en 1901 su primer actividad de envergadura fue la venta del edulcorante artificial sacarina a la empresa Coca Cola. Desde entonces ha generado y comercializado centenares de sustancias químicas, entre ellas plaguicidas como el DDT y el Agente Naranja (un herbicida y desfoliante con partes iguales de 2,4 D y 2,4,5 T usado en Viet Nam), agregados para transformadores como los PCBs y edulcorantes como NutraSweet. Contribuyó al desarrollo de las primeras bombas atómicas a través del Proyecto Dayton y de Mound Laboratories y al desarrollo de plásticos y electrónica óptica. Ingresó al campo de la producción de semillas y fue pionera en el desarrollo de organismos genéticamente modificados, OGMs (1982). Los OGMs tienen incorporados genes que los tornan resistentes a la aplicación de plaguicidas e incluso a la menor disponibilidad de lluvias.

Lamentablemente sus conductas irresponsables han sido casi tan numerosas como sus productos. Innumerables tribunales de distintos países han condenado a Monsanto por adulteración de datos y otras malas prácticas [1] [4]. Recientemente el Tribunal de Gran Instancia de Lyon, en Francia, condenó a Monsanto porque su plaguicida Lasso dañó la salud de un productor. Lasso tiene alacloro como principio activo y cantidades significativas del solvente monoclorobenceno. Precisamente, las muestras biológicas tomadas al afectado confirmaron la presencia de monoclorobenceno (2012).

Sería ingenuo considerar a Monsanto como la única amenaza corporativa. Aunque maneja el 80% del mercado de las plantas transgénicas, es seguida por Aventis con el 7%, Syngenta (antes Novartis) con el 5%, Basf con el 5% y DuPont con el 3%. Estas empresas también producen el 60% de los plaguicidas vendidos en el mundo [5].

Monsanto ingresó a la Argentina como industria plástica primero, y como productora de semillas no transgénicas después [1]. Sin embargo, sus actividades productivas y comerciales crecieron explosivamente a partir de la decisión que tomaron varios funcionarios públicos de Argentina en una oscura reunión de la CONABIA, el organismo de la Secretaría de Agricultura de la Nación, el 21 de septiembre de 1995 [6] [26]. Ese organismo consideró que en lo referente a bioseguridad agropecuaria no había inconvenientes para que se comercializara la soja RR (Round-up Ready). Las cartas habían sido echadas sin previo debate público ni consulta. Argentina ingresó de la mano de Felipe Solá y un grupo de ignotos funcionarios a la experimentación abierta de organismos genéticamente modificados. Todos ellos aprobaron al enigmático vegetal de pequeña estatura el 25 de marzo de 1996 [6]. La piratería de Monsanto, que se había apoderado de los genes naturales de la soja con solo agregarle un gene clonado procedente de la bacteria Agrobacterium CP4 (el gen CP4 EPSP), ingresaba legalmente al país. En cuanto al glifosato ya había sido aprobado en 1977 por el SENASA, que lo revalidó en 1999 [27].

Hacia fines de la década de 1990 Argentina empezaba a pagar el precio de tener instituciones públicas y funcionarios poco serios, más preocupados por complacer a las corporaciones internacionales que en proteger la salud de los ciudadanos. En base al criterio de dosis letal 50 -absolutamente inapropiado para clasificar plaguicidas- el glifosato ya estaba incluido internacionalmente en la Clase Toxicológica IV: "productos que normalmente no ofrecen peligro". Esto parecía ahuyentar cualquier riesgo. No se consideraron entonces las consecuencias negativas de sus bajas dosis, pese a que ya existía suficiente bibliografía y sólidas alertas. Servilismo e ignorancia se combinaron para que durante los siguientes 15 años personas y ecosistemas formaran parte de un experimento abierto que las afectaría en forma silenciosa. Cientos de miles de bebés, niños, adolescentes y adultos fueron transformados en cobayos involuntarios y sin derecho a protesta. Pero no recibirían solamente glifosato y su derivado AMPA [28], sino también una larga lista de otros plaguicidas, entre ellos los insecticidas endosulfán y clorpirifós y el herbicida 2,4 D.

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